El Ministro de Inmigración de Canadá está elaborando una nueva y estricta normativa para reforzar la autoridad del Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía. Las medidas propuestas facultarían al organismo regulador para exigir indemnizaciones a los inmigrantes defraudados e imponer multas sustanciales en caso de infracción. Esta iniciativa es consecuencia de recientes investigaciones sobre la mala conducta de los consultores, incluido un importante caso de permisos de trabajo fraudulentos y tramas de venta de empleo. Aunque algunos abogan por limitar la representación en materia de inmigración exclusivamente a los abogados, alegando que sus estructuras de gobierno son más sólidas, el Ministro mantiene su compromiso de reformar el actual marco regulador para proteger mejor a los inmigrantes vulnerables.
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