El proyecto de ley C-3 del gobierno de Mark Carney, concebido para ayudar a los hijos de canadienses nacidos en el extranjero a obtener la nacionalidad, se enfrenta a un creciente escrutinio por su disposición de residencia indefinida. Si bien aborda la inconstitucional norma de corte de 2009 para la primera generación, los expertos advierten de que eliminar el plazo para acumular los 1.095 días de presencia física exigidos podría complicar considerablemente los procesos de administración y verificación. Con la posibilidad de que millones de canadienses de segunda generación en el extranjero puedan presentar su solicitud, los críticos sostienen que el proyecto de ley crea dos clases de ciudadanos y puede permitir que personas con mínimas conexiones con Canadá obtengan la ciudadanía, lo que plantea problemas de soberanía y riesgos de injerencia extranjera.
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